El Plan Nacional de Desarrollo y la estabilidad fiscal

El Plan y sus cinco ejes

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) “Colombia, potencia mundial de la vida” es la bandera del gobierno Petro para hacer realidad los principios constitucionales propios de nuestro “Estado Social de Derecho”. Por eso el 6 de febrero el gobierno radicó un documento compuesto por cinco ejes de transformación, para los cuales se destinarían 1.154,8 billones de pesos.

El Artículo 339 de la Constitución establece la naturaleza del PND y su marco legal fue definido por la Ley 152 de 1994 —Ley orgánica del Plan de Desarrollo—. Su elaboración y seguimiento son responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que ejerce como centro de pensamiento del gobierno nacional.

Históricamente, el PND ha sido la hoja de ruta del gobierno de turno, y este no es la excepción. La diferencia entre este documento y sus antecesores es el uso de un ingrediente novedoso y necesario: la participación ciudadana a través de los diálogos regionales vinculantes. Este mecanismo de cooperación y pluralidad permitió incorporar las necesidades, preocupaciones y opiniones de las diversas comunidades residentes en el país, teniendo como punto de partida el territorio y las personas.

Conviene aclarar que el proyecto del PND reconoce la existencia de una serie de limitaciones fiscales, de modo que en opinión del gobierno sus metas son realistas y no comprometen la estabilidad macroeconómica en el largo plazo. Estas metas se cumplirían de manera progresiva o utilizando una política fiscal discrecional.

Debido a una serie de factores económicos de índole interna y externa que aumentarán los ingresos percibidos por la Nación, a efectos de garantizar la estabilidad macroeconómica de largo plazo es crucial que el gobierno se comprometa a ejecutar una política fiscal discrecional responsable. Además, se debe respetar la independencia de la autoridad encargada de la materia quien, seguramente, volverá a aumentar la tasa de interés que actualmente se encuentra en 12,75 %.

Dentro de ese contexto, el PND 2022-2026 consta de cinco ejes temáticos:

• Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental;
• Seguridad humana y justicia social;
• Derecho humano a la alimentación;
• Transformación productiva, internacionalización y acción climática, y
• Convergencia regional.

Foto: Gobernación de Caldas - La ejecución de una política fiscal discrecional responsable permitirá la reducción de la pobreza.

Las fuentes y la destinación de los recursos

Tal y como quedó establecido en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI), el propósito consiste en armonizar el Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGP) y los recursos propios de los municipios y departamentos.

Las fuentes de financiamiento para ejecutar el PND 2022-2026 se presentan en la siguiente gráfica:

Se deduce que el 50 % de los recursos tendrán como fuente el PGN, esto es 577,4 billones de pesos. El 23,2 % provienen del SGP, equivalente a 268,8 billones. El 12,6 % de entes territoriales, correspondientes a 145,8 billones. El 9,2 % de empresas públicas, equivalente a 106,4 billones. El 4,1 % del SGR, relativo a 47,4 billones, y el 0,9 % provienen de cooperación, que suman 9,1 billones.

Por su parte, el destino de los recursos para cada eje se presenta en la Gráfica 2.

De estos, el 64,4 % irían a la Seguridad Humana y Justicia Social, es decir 743,7 billones de pesos. El 11,8 % a Convergencia regional, 138,4 billones, el 9,9 % a Transformación productiva, internacionalización y acción climática, 114,4 billones. El 4,1 % a Derecho humano a la alimentación, 46,1 billones, el 2,5 % a Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, 28,8 billones. Finalmente, el 7,3 % será para el eje transversal de Estabilidad macroeconómica, 83,4 billones.

La estabilidad macroeconómica

En la estabilidad macroeconómica coexisten el crecimiento económico y una estabilidad de precios a lo largo del tiempo. En el PND 2022-2026, la estabilidad macroeconómica está concebida como un eje transversal que permitirá financiar las transformaciones.

El documento establece tres lineamientos mediante los cuales pretende garantizar esa estabilidad:

• El primero consiste en las proyecciones de crecimiento desde la demanda y la oferta, donde la inversión pública, la política de reindustrialización y las transformaciones productivas de los sectores agropecuario, de construcción, servicios e industria manufacturera marcarán la pauta para mover la economía.
• El segundo lineamiento consiste en mejorar la distribución del ingreso, acelerar el proceso de transición energética y aumentar el total de la inversión social.
• El tercer lineamiento intenta aportar al bienestar económico, social y ambiental mediante la mejoría de la administración de recursos públicos, de tesorería y servicio de deuda, así como de la creación de la Unidad de Valor Básico (UVB), la adopción del Indicador Básico de Referencia (IBR) y la modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El papel de la política fiscal

Técnicamente, la política fiscal es la herramienta que usa el Gobierno Nacional Central (GNC) para influir sobre la producción, el empleo y los precios mediante el gasto público y los impuestos.

Las ideas básicas propuestas por los economistas keynesianos desde la década de 1930 reviven en el PND 2022-2026, donde el uso de la política fiscal discrecional es la herramienta para conseguir las metas plasmadas en el documento.

En este sentido, las metas comprendidas en los cinco ejes temáticos cuentan con una serie de catalizadores que describen de manera puntual, aquellas transformaciones que se pretenden ejecutar y para las cuales es de suma importancia el gasto público enfocado en programas de infraestructura, empleo y transferencias monetarias y no monetarias.

Por otra parte, la reforma tributaria del año pasado (Ley 2277 de 2022) quiere  garantizar la progresividad fiscal mediante la disminución de exenciones inequitativas, reducir la probabilidad de evasión y elusión tributaria y lograr los recursos suficientes para financiar y mejorar el sistema de protección social.

Se deduce que el 50 % de los recursos tendrán como fuente el PGN, esto es 577,4 billones de pesos. El 23,2 % provienen del SGP, equivalente a 268,8 billones. El 12,6 % de entes territoriales, correspondientes a 145,8 billones. El 9,2 % de empresas públicas, equivalente a 106,4 billones. El 4,1 % del SGR, relativo a 47,4 billones, y el 0,9 % provienen de cooperación, que suman 9,1 billones.

Por todo lo anterior, la ejecución de una política fiscal discrecional responsable durante el mandato será fundamental para garantizar la reducción de la informalidad, la pobreza, la vulnerabilidad climática y las brechas sociales y de productividad, entre otros aspectos cruciales para la economía nacional.

Un punto adicional importante son las reformas sociales que el gobierno del presidente Petro ha estado impulsando y que se esperan durante el presente año, como son la reforma a la salud y la reforma pensional, que acompañarán y financiarán las metas del Gobierno del Cambio. Todas estas sumadas a la reforma laboral y a la nueva política de reindustrialización.

Un llamado a la prudencia

Una de las tantas particularidades del Gobierno del Cambio se refiere a la cantidad de recursos con la que contará, por lo menos, durante su primer año. Por ello y teniendo en cuenta las múltiples promesas que implican gastos públicos, es preciso formular un llamado a la prudencia.

Debido a una serie de factores económicos de índole interna y externa que aumentarán los ingresos percibidos por la Nación, a efectos de garantizar la estabilidad macroeconómica de largo plazo es crucial que el gobierno se comprometa a ejecutar una política fiscal discrecional responsable. Además, se debe respetar la independencia de la autoridad encargada de la materia quien, seguramente, volverá a aumentar la tasa de interés que actualmente se encuentra en 12,75 %.

Por eso importa recordar que el diseño y ejecución de una política fiscal responsable hace más efectiva la política monetaria. Sobre todo, cuando la meta consiste en reducir la inflación que, según el DANE, para enero de 2023 había llegado a 13,25 % por encima del mismo mes del año anterior.

También debe cumplirse en forma estricta y rigurosa con cada uno de los postulados de la regla fiscal para que, a lo largo del mandato, se logre reducir el déficit del 5,5 % al 3,8 % del PIB y se pueda restablecer el grado de inversión del país, que actualmente es de BB+.

Asimismo, desde la perspectiva del crecimiento económico, en el corto plazo es fundamental poner en marcha estrategias óptimas y eficientes de focalización del gasto público. Paralelamente, es indispensable vincular de manera activa y participativa a sectores y gremios empresariales quienes, por su naturaleza, crean y fomentan el empleo.

Fuente:
Razón Pública