Grandes cambios en la legislación laboral
Quiénes están negociando
La semana pasada empezaron las negociaciones sobre salario mínimo en la Comisión de Concertación. Según Jacobo Campo y Juan Camilo Robledo, estas negociaciones son importantes por las condiciones económicas actuales y porque son el preámbulo de la discusión sobre la reforma laboral más importante desde la Ley 50 de 1990, que se llevaría a cabo en 2023.
El mercado laboral es una institución donde se compra y se vende fuerza de trabajo, donde por eso enfrentan de manera inevitable las dos clases sociales básicas del capitalismo: capitalistas y proletarios. Un marco legal adecuado es por eso esencial para regular este enfrentamiento y hacer posibles los acuerdos.
Esas dos clases sociales están representadas en la Comisión de Concertación, los empleadores por los gremios, y los trabajadores por las centrales sindicales. Los gremios en su conjunto son bastante representativos, pero el movimiento sindical agrupa apenas entre el 6 % y el 7 % de la población empleada, una gran parte de la trabaja en el sector público —que es relativamente pequeño en términos de empleo —.
El movimiento sindical tuvo una gran participación en los paros del año pasado, y el candidato que apoyaban ganó las elecciones. El nuevo Congreso es más receptivo a las reformas que se han venido pidiendo desde hace muchos años. Por estos dos motivos, los vientos soplan a favor de los sindicatos.
Pero la capacidad política de los sindicatos es muy superior a la que se esperaría de su escasa cobertura. Esto se debe a que Colombia aceptó pertenecer a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a otras entidades que velan por el respeto de los derechos humanos, entre los cuales los derechos laborales ocupan un lugar muy importante.
Otra prueba de esa capacidad de influir se dio en la demora de años del Congreso de Estados Unidos para aprobar el TLC, hasta que Colombia aceptó un acuerdo adicional de respeto a los derechos laborales, tanto económicos como políticos, y accedió a reformar varias leyes internas.
El remezón que viene
La negociación actual tiene lugar en contexto político muy distinto de las anteriores.
El movimiento sindical tuvo una gran participación en los paros del año pasado, y el candidato que apoyaban ganó las elecciones. El nuevo Congreso es más receptivo a las reformas que se han venido pidiendo desde hace muchos años. Por estos dos motivos, los vientos soplan a favor de los sindicatos.
El gobierno, a través de la ministra de trabajo, Gloria Inés Martínez, con el apoyo de las centrales sindicales, ha anunciado una serie de proyectos para presentar al Congreso el año entrante, proyectos que en su conjunto constituirán el Estatuto Laboral del cual habla el artículo 53 de la Constitución, que a su juicio no existe todavía o solo existe parcialmente.
Este estatuto cambiaría significativamente la legislación laboral que ha regido al país durante los últimos 30 años
No se conoce un borrador del Estatuto Laboral, pero el gobierno y los sindicatos han hecho algunos anuncios. Varias de estas reformas tendrán que ser aprobadas por el Congreso, pero hay otras que tal vez podrían adoptarse por medio de decretos.
Algunos de los temas que podría el estatuto son los siguientes:
- Revertir algunos cambios adoptados por la Ley 789 de 2002 en lo tocante a la definición de las jornadas diurnas y nocturnas y los recargos por dominicales y festivos. Igualmente se pretende aumentar las indemnizaciones por despido injustificado.
- Medidas para facilitar la actividad sindical y el derecho de huelga.
- Mejorar el sistema de Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo para mayor vigilancia y cumplimiento de la legislación laboral.
- Limitar los contratos de trabajo por prestación de servicio, especialmente en el sector público.
- Aprobar varios acuerdos de la OIT firmados por el gobierno colombiano.
Reforma pensional
El gobierno habla también de un proyecto de reforma pensional, que constituye un punto importante del programa del Pacto Histórico. Según declaraciones de la ministra, se creará un régimen por pilares y una garantía de pensión mínima para los mayores de cierta edad.
El primer nivel de esa pirámide corresponde a ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales, y estará a cargo de Colpensiones. La pensión de este nivel queda sujeta al régimen de prima media, o sea que el Estado garantiza que se pague. Los ingresos que excedan los cuatro salarios mínimos podrán cotizar a fondos de pensiones o a Colpensiones, dentro del régimen de ahorro individual, es decir, con sujeción a los riesgos del mercado financiero. Se dice que no habrá cambios en las edades de jubilación ni en el número de semanas de cotización necesarias.
La Misión de Empleo del gobierno pasado propuso un sistema de pilares con semejanzas y diferencias al que ahora se menciona; un punto de coincidencia establecer la pensión mínima universal.
Los argumentos técnicos de la mayoría de los empresarios muestran que los aumentos salariales desestimulan la creación de empleo formal; los trabajadores afirman que dichos aumentos mejoran las condiciones de vida de la población y aumentan su demanda, lo cual tiene efectos positivos sobre el empleo.
Ya empezó la refirma
De cierta manera, la reforma laboral empezó el año pasado con la Ley 2101 , que reduce la jornada semanal a partir de 2023; esta jornada es de 48 horas de trabajo distribuidas en seis días, pero a partir del próximo primero de enero será de 47 horas, en 2024 de 46 horas, en 2025 de 44 y en 2026 de 42.
Como se puede ver, la discusión del salario mínimo de esta semana es apenas el principio de un largo proceso de reformas que, de tener éxito, —aunque sea parcial—, cambiarán a fondo las instituciones laborales en Colombia.
Este proceso tendrá efectos importantes sobre la economía, la distribución del ingreso y el crecimiento económico. Algunos de estos temas ya se han discutido mucho, como el de las pensiones, pero hay otros que no.
Por ejemplo, la discusión del salario mínimo tiene un propósito económico directo: fijar la remuneración de los trabajadores para el siguiente año. Pero dicha negociación tiene un carácter más político que económico.
Los argumentos técnicos de la mayoría de los empresarios muestran que los aumentos salariales desestimulan la creación de empleo formal; los trabajadores afirman que dichos aumentos mejoran las condiciones de vida de la población y aumentan su demanda, lo cual tiene efectos positivos sobre el empleo.
La correlación de fuerzas, cuyas condiciones políticas son importantes, es un factor decisivo para los resultados de dicha negociación que en este momento favorece a los trabajadores. Por esa razón, se esperaría que el aumento salarial en 2023 sea de unos puntos por encima de la inflación más la productividad. Quizás sea del 15 %, pero no lo podemos saber aún.
Fuente:
Razón Pública