Impuestos sí, pero no a mí

Impuestos en democracia

Es natural, previsible y conveniente que los colombianos reaccionen ante la propuesta del gobierno para modificar el Estatuto Tributario. En una democracia los impuestos deben ser discutidos y el proyecto inicial tendrá modificaciones.

Las voces críticas deben ser escuchadas, aunque no necesariamente adoptadas. Quienes serán más afectados tienen todo el derecho a quejarse y levantar su voz. De eso se trata una discusión democrática.

Después de leer los comentarios y críticas de diversos sectores sobre el texto propuesto, creo que es posible resumirlas en una frase: “Impuestos sí, pero no a mí.”  Miremos un resumen de las principales críticas y mi posición sobre las mismas.

Una tarifa del 104%

Se han hecho cálculos sobre el efecto de la reforma para ciertos sectores y para “hipotéticos” contribuyentes.

Un experto en derecho tributario ha reiterado que la tarifa para estos últimos podría llegar al 104 %. No tengo modo de saber cómo llegó a dicha cifra. No sé si sea cierto o no, pero el número es realmente asustador y también extraño: si en un año me gano $100 me van a quitar en impuestos $104. Suena asustador y muy injusto. ¿Pero es posible?

Creo que para llegar a esta cifra se ejercitó algún tipo de masaje contable, combinando distintos denominadores y evitando informar sobre las realidades del “hipotético contribuyente” con quien el sistema tributario sería enormemente injusto. Me imagino las cuentas de la siguiente forma:

Una empresa con utilidades de más de $10 mil millones y sin una sola deuda paga el 39 % de impuesto de renta y no puede deducir ninguna retención realizada por ninguno de sus clientes. Esa hipotética y muy extraña compañía pagaría $3.900 millones de impuesto de renta.

Sus accionistas (supongamos que es apenas uno) recibirían utilidades por $6.100 millones y tendría que pagar un impuesto “hipotéticamente” del 39 %. También supongamos que es su único ingreso, que no tiene deudas y únicamente se descuentan los $50 millones que la reforma dejará como renta exenta a las personas naturales. Entonces pagaría $2.329 millones y le quedarían $3.671 millones libres. Adicionalmente, pagará el impuesto al patrimonio para el monto que supere los primeros $2.700 millones, algo así como $34 millones adicionales.

Para ponerlo en términos claros, estamos halando de un afligido contribuyente con un ingreso disponible de más de $300 millones mensuales, después de pagar todos los impuestos.

Hasta aquí sigo sin entender cómo se llegó al 104 %, ni sobre qué denominador lo calcularon.

Lo que es claro es que se trata de ingresos de personas con capacidad para pagar esos montos, que no son precisamente de clase media. De eso se trata una reforma que busque la equidad, que quienes más tenemos tributemos en mayor proporción.

Creo que en esta discusión la DIAN, el Ministerio de Hacienda y los distintos centros de investigación y gremios podrían intentar ponerse de acuerdo en la forma como se calculan los efectos de la reforma para los distintos grupos de personas y sectores económicos. En ello creo que el gobierno puede hacer más para volver más transparente la discusión.

La tarifa nominal y la tarifa real

Un segundo elemento es la distancia entra la tarifa nominal, el 35 % general, y la tarifa real, que según diversos estudios oscila entre el 17 % y el 23 %. Una de las recomendaciones de todos los expertos, misiones y organismos internacionales es cerrar dicha brecha. La razón de la diferencia son las exenciones tributarias y por ello la reforma hace bien en intentar eliminarlas.

Hoy podríamos decir que esta reforma NO aumenta la tarifa nominal, pero sí intenta cerrar la distancia con la real, pero no tenemos claro a qué nivel llegará.

En algunas discusiones, quienes critican la reforma, hablan de la tarifa nominal que “supuestamente podrían pagar algunos contribuyentes”. Pero otros señalan que, aún con la reforma, el monto de la tarifa real seguirá siendo inferior al nominal.

Uno de los problemas centrales de nuestro sistema tributario es su falta de transparencia, y esa brecha entre lo nominal y lo real es uno de los elementos que más oscurece el entendimiento de las reales cargas tributarias en nuestra sociedad.

Para volver a un punto de equidad, esta situación es importante para personas naturales con ingresos superiores a los $10 millones mensuales.  Pero es realmente importante en las empresas, por su diferencia entre sectores económicos y por tamaños de compañías.

Para aclarar esta situación de injusticia tributaria pensemos en una empresa que está en un sector con pocos beneficios tributarios, su tamaño no es lo suficientemente grande para estar en una zona franca y no puede acceder a un contrato de estabilidad tributaria. Ella podría acabar pagando un impuesto de renta real de 30% sobre sus utilidades.

En contraste, una empresa en otro sector y de un tamaño mayor podría estar pagando una tarifa del 15% ¿Es eso lo que queremos de nuestro estatuto tributario? Creo que no, y por ello la reforma hace bien en intentar poner límites a este tipo de desequilibrios.

Mi sugerencia para las discusiones de las siguientes semanas es abordarlas desde la tarifa real y ver si la reforma corrige o no las enormes diferencias entre sectores económicos y entre tamaños de empresas.

180 mil personas naturales

Dependiendo de quien haga el cálculo y los supuestos que tome, en Colombia entre 140 y 180 mil personas reciben más de $10 millones mensuales. Esto incluye los cerca de dos mil pensionados con ese ingreso, a quienes tienen contrato laboral y los independientes, como algunos médicos que están por encima de ese nivel. La reforma los afectará de forma clara y directa.

En la actualidad estos pueden excluir de su impuesto de renta hasta el 40 % de sus ingresos, siempre y cuando dicho valor no supere los $190 millones. Es decir, quienes van a resultar más seriamente afectados son las personas que hoy ganan $475 millones anuales o más. En otras palabras, quienes reciben un ingreso mensual superior a los $40 millones.

Esas personas tributan hoy sobre $285 millones y con la reforma su base de cálculo será de $425 millones. Un cambio grande, pero aún en ese caso, su ingreso disponible, después de impuestos, será de $277 millones anuales, algo así como $23 millones mensuales. De nuevo, quienes ganan más aportarán un mayor nivel de impuestos.

Es posible que, en este caso, el nivel máximo de exclusión pueda ser un poco más de los $50 millones propuestos por el gobierno, pero claramente NO debería estar en ningún lugar cercano a los $190 millones actuales. Lo otro que puede discutirse es la pendiente en una curva de progresividad. Allí hay situaciones que pueden mejorarse, pero el sentido de la reforma es el adecuado.

Muchas de estas personas naturales reciben ingresos por su trabajo (rentas laborales), pero también obtienen ingresos por arriendos, rendimientos financieros y dividendos.

Hoy, en estos casos, se presentan disparidades en el tipo de ingresos cuyo sostenimiento es difícil de justificar: una persona que recibe ingresos laborales paga el 25 % real (con descuentos y las rentas exentas) y por los dividendos, que son adicionales, tributa el 10 %.

La tributación efectiva de las empresas
Este caso es aún más complicado. Primero, por la diversidad de sectores económicos; segundo, por el tamaño de las compañías; y tercero, porque es cada empresa quien en últimas define el monto final de su utilidad. De forma legítima y adecuada un empresario que hacia el final del año está teniendo un buen nivel de utilidades puede tomar, o no, varias decisiones:

• Dar mayores bonificaciones a sus colaboradores, incluyendo al cuerpo gerencial donde seguramente está incluido.
• Realizar mayores inversiones para mejorar la productividad de la empresa, incluyendo compras en tecnología, equipos o insumos.
• Adelantar algunos gastos operativos de los primeros meses de la siguiente vigencia.
• Realizar prepagos a los créditos, si los tiene.
• Hacer donaciones a fundaciones con una actividad legítima de aporte a la comunidad.

Son apenas algunos ejemplos, todos legítimos y adecuados, que muestran un importante margen de maniobra de los dueños de las compañías en el momento de realizar su planificación tributaria, lo cual sucede normalmente en los últimos dos meses de cada año.

Por ello, la discusión debe comenzar por cerrar al máximo las exenciones tributarias a sectores específicos. No creo que se deban cerrar todas (el gobierno tampoco lo está proponiendo), pero sí es sensato equilibrar más el terreno de juego para que el ecosistema empresarial no tenga unos enormes desequilibrios producto del estatuto tributario. En este sentido, el proyecto parece ir bien encaminado.

El siguiente tema es la progresividad de la tarifa, pues el tamaño de las empresas debe ser decisivo para establecer el monto de las tarifas y la curva de la pendiente es algo en lo cual el proyecto puede mejorar.

Es hora de cambiar

La tributaria que presentó el ministro Ocampo responde a las recomendaciones de los estudios técnicos que se han realizado en los últimos 30 años. No es perfecta y puede ser mejorada.  Además, debe ser discutida y las distintas voces escuchadas, porque en últimas está afectando a personas concretas.

También es claro que todos aportaremos, incluyendo a personas con un bajo nivel de ingreso, pero no hay duda de que quienes contamos con mayores recursos pondremos un monto muy superior al resto de la sociedad. Hasta el momento nos hemos beneficiado de muchas gabelas tributarias y ya es hora de cambiar esa situación.

Por eso, en mi condición de empresario y columnista que ha abordado estos temas durante más de quince años, creo que el país debe apoyar esta reforma y no quedarse en aceptar que es necesaria, pero pedir que “no toque mis intereses”.

Fuente:
Razón Pública