Los impuestos saludables: más allá de la reforma tributaria

La meta

La canasta básica de alimentos (CBA) es el conjunto de alimentos de calidad que debe consumir una familia para cubrir las necesidades de calorías y nutrientes de todos sus integrantes.

Por esta simple razón se necesita una política que garantice la canasta y asegure que quienes no la puedan adquirir total o parcialmente, reciban los apoyos estatales respectivos.

Nuestras familias mal alimentadas

Cerca de seis de cada diez hogares colombianos no tienen acceso a una canasta de alimentos óptima, así que optan por consumir calidades o cantidades que son perjudiciales para su propia salud.

Un estudio realizado por once universidades a comienzos de 2022 reporta que el 57,9 % de los hogares consumió alimentos de menor calidad o más baratos y el 43,4 % tuvo que reducir las porciones para que cada miembro del hogar pudiera recibir algunos alimentos.

Por otra parte, se registran varios problemas relacionados con la nutrición:

• En primer lugar, un rápido aumento en la prevalencia de exceso de peso —sobrepeso y obesidad— que afecta la calidad de vida en muchos aspectos.
• En segundo lugar, aún tenemos prevalencia moderada de retraso en el crecimiento, sobre todo en la población infantil y de escasos recursos económicos.

Estos problemas resultan de una dieta inadecuada, deficiente en nutrientes esenciales y asociada con el consumo excesivo de calorías.

Tales dietas son propias de los hogares más pobres y vulnerables que, según el estudio mencionado, son los más propensos a estas prácticas alimentarias, exacerbadas por la pandemia —cuando la inseguridad alimentaria aumentó en 22,1 puntos porcentuales—.

Por todo lo anterior, un alarmante 71,6% de los hogares vulnerables están siendo asediados por el hambre. En 2015 la Encuesta de Situación Nutricional ENSIN había encontrado que cinco de cada diez hogares vulnerables se encontraban en esa situación, o sea que el problema se ha agravado intensamente.

Por qué el impuesto saludable

Los impuestos llamados “saludables” anunciados dentro de la ambiciosa Reforma Tributaria del gobierno Petro son urgentes, porque ellos gravan los alimentos ultra procesados — comidas y bebidas “chatarra” — o los productos de paquete, jugos artificiales, gaseosas y embutidos.

En los hogares inseguros alimentariamente estos consumos son altos y son hogares donde hay niños, niñas, mujeres y adultos mayores con malnutrición y exceso de peso. De este modo, las tasas de enfermedades crónicas que producen los más altos costos de atención en el sistema de salud aumentan.

Durante los últimos 40 años, en países de América Latina y el Caribe, el precio de alimentos mínimamente procesados y de alto valor nutricional como frutas y verduras ha aumentado de manera constante, por los que son más caros en promedio que los ultra procesados y con mayor densidad energética como las bebidas gaseosas, snacks y productos de paquete.

En estas condiciones, las familias de menores ingresos tienden a adquirir productos de menor valor nutricional con altos niveles de azúcares, aceites y grasas, que por eso perjudican su salud.

Objeción inaceptable

No es ético sostener que los impuestos a los embutidos y las gaseosas con los que “desayuna” un obrero van a impedir su buena alimentación. Es imperdonable condenar a los trabajadores a una dieta compuesta por los únicos alimentos basura que puede comprar; en vez de esto hay que adoptar una política que, a partir de los impuestos a la comida chatarra, también incluya el subsidio a los alimentos saludables.

Importa subrayar esto último porque limitarse a gravar lo no saludable sin mediadas complementarias puede ser una medida regresiva. Además de gravar la comida chatarra, el Estado necesita estimular el consumo de alimentos saludables; de esta manera se logra aumentar el bienestar de los hogares vulnerables y asegurar que los pequeños distribuidores de alimentos (como los tenderos de barrio) no disminuyan sus ventas.

El impuesto sí funciona

Los impuestos a la comida chatarra han dado buenos resultados en países de América Latina.

Por ejemplo, Chile en 2014 aumentó en 5 % el impuesto a los ingredientes básicos de la comida y bebida chatarra, y con esto ha logrado cambiar los patrones de consumo.  Pero, además de este impuesto, el gobierno chileno adelanta otras acciones contra la epidemia de obesidad y el aumento de enfermedades crónicas asociadas con la dieta; las campañas de información y educación intensivas son parte importante de estas estrategias.

El informe del Instituto Nacional de Salud Pública concluye que los mexicanos más pobres disminuyeron en un 6% el consumo de bebidas azucaradas tras la adopción del impuesto.

Otras investigaciones confirman la importancia de acompañar el impuesto con campañas pedagógicas masivas y estímulos a la producción y mercadeo de alimentos frescos, incluyendo los mercados de verduras y frutas en los barrios.

Una estrategia integral

El boom mediático sobre los impuestos saludables no debe opacar la urgencia de aplicar la recién aprobada “ley de comida chatarra” ( Ley 2120 de 2021).

Aunque esta ley podría mejorarse, ella recoge las aristas principales para una acción integral entre las instituciones que complemente y apoye la iniciativa del impuesto saludable. La ley 2120 debe además evitar que los impuestos saludables sean regresivos, es decir, debe traducirse en subsidios a los alimentos frescos, a las comidas y a las ventas de comidas saludables.

La población debe tener más herramientas para una dieta saludable.  En las instituciones educativas urgen las tiendas escolares y los comedores saludables. En las cárceles, en las empresas y en las instituciones los expendios de comidas saludables deben ser obligatorios.

Y tal vez el eslabón más importante en esta cruzada tiene que ver con el estímulo a la producción de alimentos frescos, su comercialización en circuitos cortos y la protección de los productores de alimentos agroecológicos.

Así se puede mantener el volumen de alimentos que el país necesita y evitar la importación de miles de toneladas. Los alimentos frescos y mínimamente procesados son también parte esencial del desarrollo ambientalmente sostenible.

Estas estrategias suponen el trabajo concertado entre los ministerios o sectores de salud, educación, agricultura, cultura, deporte y hacienda.

Fuente:
Razón Pública