¿Qué tan buena idea es el salario mínimo diferencial por regiones?

Cada vez que se discute el aumento del salario mínimo, el debate sobre la pertinencia de diferenciar el salario mínimo según la productividad de las regiones vuelve a cobrar protagonismo. En esta ocasión, la discusión fue reavivada por las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para mejorar el estado del mercado laboral en el país y mitigar los efectos de la pandemia.

Según el DANE, en julio de este año el desempleo alcanzó el 14,3% y la informalidad el 48,5%. Estas cifras son preocupantes porque dificultan la absorción de la población activa en términos económicos y contribuyen a que las regiones que presentan poca productividad ofrezcan menos empleos formales. La diferenciación salarial por regiones busca reducir el desempleo y la informalidad.

Aunque la diferenciación no es la única estrategia recomendada para combatir estos problemas, es la que más apoyo ha recibido por parte del sector empresarial. Otras estrategias promovidas por la OCDE para reactivar el empleo y disminuir la informalidad son:

• Reducir los costos no salariales de la contratación;
• Revisar el salario mínimo;
• Crear incentivos para emplear poblaciones vulnerables como los jóvenes, las mujeres y los adultos mayores;
• Reducir costos de registro de empresas;
• Simplificar el registro de trabajadores.

Argumentos a favor

Quienes están a favor de la diferenciación del salario mínimo argumentan que en un país tan diverso como Colombia no tiene sentido que el salario mínimo sea el mismo en todas las regiones, pues cada una tiene particularidades y distintos costos de vida. Basándose en este planteamiento, sostiene que no es adecuado establecer los mismos salarios en los sectores más y menos productivos.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) señala que, además de diferenciar el salario por regiones, es necesario diferenciarlo por horas para promover la llegada de nuevas empresas que apoyen el desarrollo de proyectos de alto impacto en dichos territorios.

Según Fenalco, este tipo de políticas serían favorables para los trabajadores que pertenecen al sector informal porque las empresas tendrían incentivos para formalizarlos. Además, la medida no buscaría reducir el salario mínimo en las regiones menos productivas, sino aumentarlo en la misma proporción que lo hacen las regiones más productivas.

Argumentos en contra

Algunos investigadores han expuesto los inconvenientes que presenta esta medida. Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado, señala que para ponerla en marcha habría que modificar la legislatura actual, pues la sentencia de la Corte Constitucional C-815 de 1999, concluyó que “el gobierno deberá atender con el mismo nivel e incidencia los siguientes parámetros: la inflación del año que culmina, la productividad acordada por la Comisión Tripartita, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el aumento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC)”,  lo cual implica que el aumento salarial está “amarrado” a variables que son iguales en todo el país y, por ende, la diferenciación no es posible bajo la legislación actual.

A este obstáculo legal, hay que añadirle que el salario de los habitantes de zonas poco productivas se vería afectado, lo cual podría aumentar el desempleo en vez de reducirlo. Así mismo,
la diferenciación podría propiciar que las empresas ubicadas en zonas productivas migraran a zonas menos productivas para encontrar mano de obra barata, lo cual aumentaría la tasa de desempleo de las zonas más productivas.

Para que esta medida tenga éxito es necesario que esté atada a una política que promueva la creación de nuevas empresas en las zonas más productivas, pues solo así podrá evitarse que las empresas migren a las zonas menos productivas para reducir costos.

Por otro lado, es importante mencionar que las asociaciones gremiales de trabajadores ven con desconfianza esta estrategia porque creen que se trata del primer paso para aprobar una reforma laboral que vaya en detrimento de las condiciones laborales de la población.

Esta desconfianza ha sido exacerbada por entidades que, como la Anif y Fedesarrollo, han propuesto reducir los sobrecostos laborales, aumentar los impuestos de los trabajadores y flexibilizar las condiciones de contratación y despido de los trabajadores para lograr que la tasa de desempleo vuelva a las cifras previas a la pandemia.

Otras consideraciones

Tras explorar los principales argumentos a favor y en contra de la diferenciación salarial por regiones, es necesario analizar tres elementos que no han sido mencionados.

En términos prácticos, esta medida implicaría un cálculo y un manejo operativo adicional que tendría que ser asumido por cada una de las regiones.  Esto podría disminuir el costo del sector privado, pero aumentaría el costo en el sector público.

Por otra parte, algunos colombianos prefieren no formalizarse porque esto les permite acceder a subsidios o ayudas complementarias ofrecidas por el gobierno al sector informal. Así pues, es necesario realizar investigaciones rigurosas que permitan establecer si la diferenciación del salario por regiones se traduce en mayor informalidad o si, en realidad, se traduce en mayores ganancias para las empresas.

Finalmente, es importante tener en cuenta que muchas familias están dispersas en diferentes regiones. Por ejemplo, los jefes de hogar pueden trabajar en una región con baja productividad y enviar dinero a sus hijos radicados en una zona de alta productividad donde el costo de vida es más alto. En esos casos, la diferenciación salarial afectaría la calidad de vida del hogar y podría impulsar migraciones masivas de las zonas menos productivas a las más productivas para obtener mejores salarios, lo cual aumentaría la presión sobre el mercado laboral en estos territorios.

Todo esto indica que poner en marcha la diferenciación del salario mínimo en Colombia requeriría un análisis exhaustivo. Los ejemplos de éxito en el extranjero son insuficientes para impulsar esta medida porque el contexto nacional es sumamente diferente.

Otra estrategia para promover el empleo formal consiste en aumentar la productividad y buscar nuevos nichos de mercado para compensar el aumento del salario mínimo nacional, facilitar la creación de empresas y apoyar la industrialización del país. Si estas variables no mejoran, los cambios en el salario mínimo no serán un incentivo para contratar más mano de obra.

Fuente:
Razón Pública