Una conversación pendiente sobre la informalidad laboral
Dos conclusiones destacan especialmente: por un lado, el hecho de que porciones significativas de la población en economías emergentes trabajen por fuera del campo visual de los gobiernos plantea desafíos que podrían frenar la recuperación; y, por otro, que la magnitud de la informalidad reduce la capacidad de los países (en especial los emergentes) para movilizar recursos que permitan hacer frente a las crisis, implementar políticas macroeconómicas exitosas y generar capital humano a largo plazo.
Estos hallazgos del Banco Mundial adquieren especial relevancia en el contexto colombiano. El Gobierno nacional ha planteado el conjunto de acciones para promover la recuperación económica como una “triada de soluciones” integrada por la sostenibilidad fiscal, la reducción de la pobreza y la recuperación del empleo. Sobre este último punto, el objetivo –señalado por el ministro de Hacienda durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021, en junio pasado– es que este año se produzca una reducción 3,2 puntos porcentuales respecto al índice de 2020, que se ubicó en 15,9%.
Antes de seguir avanzando, démosle una mirada al panorama de la informalidad en Colombia. Los datos del Departamento Nacional de estadística (DANE) señalan que entre marzo y mayo de este año, la proporción de personas ocupadas informales en las 23 ciudades y áreas metropolitanas indagadas fue del 48,6%.
Adicionalmente, se estima que se han recuperado 3,6 millones de empleos, como parte de la reactivación, pasada la etapa más aguda de la crisis de la pandemia –con una proporción que señala casi un empate: 1,82 millones de formales y 1,83 millones de informales.
Entonces, ¿cómo revertir el panorama adverso y alcanzar la metas trazadas en materia de empleo? La estrategia está planteada, en gran medida, en el nuevo proyecto de reforma tributaria, presentado al Congreso el pasado 20 de julio. El eje principal de la iniciativa es la financiación de programas como Ingreso Solidario –cuya vigencia se extendería al menos hasta finales de 2021, llegando a 3,3 millones de hogares–; Apoyo al Empleo Formal (PAEF) –el cual se mantendría hasta finales de este año y tendría cambios para concentrarse en las micro y pequeñas empresas, incluyendo también a personas naturales que tengan a partir de dos empleados–; matrícula gratuita para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que ingresen a universidades públicas; y un incentivo a la creación de nuevos empleos.
Este último programa, que estaría vigente hasta 2023, plantea entregarles a los empleadores el 25% de un salario mínimo por la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años –con el fin de promover los primeros empleos en esta población– y el 10% en el caso de otros empleados. ¿Qué tan efectivas pueden ser iniciativas en este sentido para contribuir a disminuir la informalidad y el desempleo? El análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana sobre la nueva reforma tributaria señala cómo investigaciones rigurosas han demostrado que reducir los costos de contratación en Colombia ha llevado a un aumento en el empleo, en la formalidad, y en el ingreso de los trabajadores. De allí es posible concluir que un programa como el que se ha planteado puede, efectivamente, contribuir a la recuperación del empleo en el escenario pospandemia.
En este análisis conviene también centrarse en las potencialidades que ofrece la continuidad de un programa como Ingreso Solidario –concentrado en hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, cuyos ingresos provienen principalmente de actividades informales, y que no son beneficiarios de programas sociales y de transferencias monetarias condicionadas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Devolución del IVA–. El giro consiste en 160 mil pesos mensuales que se entregan mediante operadores y entidades financieras.
Una evaluación de este programa, convocada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) encontró que el programa ha sido “efectivo en garantizar que los hogares mantengan un nivel básico de ingresos”, aumentando también los niveles de inclusión financiera, entre otros aspectos.
El nivel de ‘visibilidad’ de la actividad económica que brindan este tipo de iniciativas atiende a uno de los principales puntos señalados por el Banco Mundial en su informe. Así, aún la población que se dedica a actividades económicas informales se encuentra cubierta por programas estatales, y comienza a hacer parte del sistema financiero.
Conviene también destacar que las iniciativas que buscan promover el empleo entre las personas más jóvenes suponen un seguro frente a la posibilidad de que amplias capas de esta población se dedique a actividades informales por debido a la falta de oportunidades –a menudo consecuencia de la falta de experiencia, que reduce los niveles de enganche por parte de los empleadores.
Aunque resulta obvio, es necesario subrayar que el empleo es el elemento central para impulsar la lucha contra la pobreza y promover el bienestar de las personas. Los esfuerzos en diseño de política pública deben enfocarse en este frente.
Promover el círculo virtuoso en el que una proporción cada vez mayor de empleo formal impulsa la efectividad de los programas sociales –contribuyendo, a su vez, a la reducción de la actividad informal– debe ser una prioridad institucional, sobre todo en un contexto como el actual –marcado por la reactivación, el debate legislativo de la reforma tributaria y el inicio de la campaña electoral de 2022.
La generación de empleo, y la garantía de condiciones dignas y estables para las personas que trabajan podría ser la base de un consenso nacional para la consolidación de una agenda de desarrollo que permita superar las situaciones que se han agravado a causa de la pandemia. Así, el empleo podría convertirse no solo en un motor de desarrollo, crecimiento económico y bienestar para el país, sino en un mecanismo de unión y consenso.
Fuente:
Ofiscal.org